Ayer en horas de la mañana recibí la noticia del fallecimiento de Naomi, quien con solo 11 meses de edad afrontaba un tipo de cáncer llamado neuroblastoma.
Esta pequeña y su familia tuvieron que recorrer 3 ciudades (Valledupar, Barranquilla, Bucaramanga) en busca de un tratamiento que le ayudara a recobrar su salud y salvar su vida, Naomi se sumó ayer a las víctimas producidas por la negligencia administrativa, la indolencia y la falta de humanización y calidad en la prestación de los servicios de salud.
En el artículo, Servicios de oncología pediátrica en Colombia, publicado en Colombia Médica, un grupo de especialistas del INC nos evidencia que en la ley 1388 de 2010 se promueve la generación de Unidades de Atención Integral de Cáncer Infantil (UACAI), sin embargo hasta el 2017, año en el que se concluyó el estudio, no se había reconocido por parte del ministerio de salud ninguna en nuestro país.
Los resultados mostraron 71 instituciones que cuentan con consulta de hemato-oncología, 39 tienen servicios de quimioterapia y hospitalización de mediana o alta complejidad y 18 tienen habilitada radioterapia y solo 9 de las instituciones incluyen la totalidad de los servicios necesarios para la atención integral.
Recordemos que los niños y niñas con cáncer son sujetos de doble protección constitucional. Tienen un estándar de especial protección, obedece a que estas personas tienen protección constitucional derivada del artículo 44 de la Constitución Política, de la Convención de Derechos del Niño, adoptada en nuestro ordenamiento en virtud de la Ley 12 de 1991, y además sufren enfermedades catastróficas o ruinosas, y se encuentran en un estado de debilidad manifiesta y especial dependencia del sistema de salud.
Igualmente, en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2009, se establece que los servicios de salud de los niños y niñas deben ser brindados de manera integral, prioritaria y expedita. Los menores de 18 años tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud en todas las fases de la atención.
El caso de Naomi no es un caso aislado, ni tampoco un dato más de las estadísticas, seguimos viendo cientos de tutelas y múltiples desacatos que no se cumplen, las familias deben recurrir a redes de defensores y medios de comunicación, a acciones desesperadas como encadenarse a las puertas de las EPS, para salvaguardar la vida de sus hijos.
Si toda esta normativa existe, ¿por qué su EPS desconoció el fallo de tutela sin importar las consecuencias? ¿Por qué Naomi y su familia tuvieron que recurrir a una red de apoyo que le ayudara a proteger sus derechos?¿Por qué ha llevado tanto tiempo, el cumplimiento de la ley? ¿Cuántos niños y niñas como Naomi tendrán que morir en este proceso?¿Hasta cuándo se seguirá pensando que esto es problema de lo demás y nunca tocará nuestra puerta?
“Los derechos de los niños y niñas prevalece sobre cualquier otro derecho…”
Fundación Esperanza Viva.
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