Sandra Morelli acusa a las EPS de utilizar prácticas que rayan en el 'lavado de activos'.

Tras casi un año de investigaciones sobre el manejo de la salud pública en Colombia, la contralora Sandra Morelli hizo un descarnado diagnóstico de la realidad de ese sector. Aseguró que llegó el momento de discutir si el modelo de salud que el país adoptó hace 20 años ha funcionado y denunció que los colombianos están gastando mucha más plata de la que en realidad se necesita para cubrir este servicio.

¿Por qué tantos escándalos en el manejo de la plata de la salud?

El país decidió en un momento dado tener un Estado chico, débil, que le entrega toda la responsabilidad al modelo privado, sobre el supuesto de que el privado es eficiente, transparente y gasta menos. En la práctica, lo que realmente tenemos son unos operadores privados que no son transparentes, ni eficientes, ni gastan menos, porque usan 'la plata del míster', la que no les duele porque la pagan todos los colombianos. Este escándalo de la salud no es un falso positivo. El presidente Santos se quedó corto cuando dijo que era la 'punta del iceberg'. La situación es mucho más grave.

¿Está fallando el modelo que el país eligió en los 90?

El modelo de salud por sí mismo no es malo; tengo la percepción de que la cobertura mejoró. Lo que tenemos es un Estado minusválido, con complejo de existir, frente a verdaderos pulpos; un sector privado sobredimensionado, que impone reglas de juego y que hace temblar al país diciendo que hay emergencia, amenazando con que no hay plata y que se suspende el servicio.

¿Se demoró el Estado en ver lo que estaba pasando en el sistema de salud?

Los funcionarios que en cada administración fueron responsables del Ministerio, las superintendencias, las comisiones reguladoras y de vigilancia, las contralorías parecen convidados de piedra. Lo que hacían era ser funcionales a las tesis de las EPS. Cualquiera sabe que el ordenamiento jurídico no admite vacíos; si no hay una norma especial, pues se va a la de mayor jerarquía y, en últimas, se aplican la Constitución o la ley. El derecho no admite lagunas, pero eso no existe en el área de salud. En esta materia, los reglamentos parecen dictados por el enemigo. La gente no logra ni siquiera identificar qué camiseta tienen esos funcionarios, porque pasan de las EPS al Ministerio, a la Superintendencia, al Invima. Y eso se refleja en las reglamentaciones y en las decisiones que adoptan.

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